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CEDHJ busca regular manifestaciones en Jalisco


El ombudsman pide que se legisle el derecho al libre tránsito, lo que implica acotar las protestas. La iniciativa es similar a la que presentó en 2013 la diputada panista Gabriela Andalón Becerra.

Alejandra Guillén/masgdl.com

El titular de la CEDHJ afirma que en Jalisco es necesario que se regulen las actividades artísticas, deportivas, religiosas o manifestaciones sociales o políticas en la vía pública.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) pide al Congreso del Estado que se regulen las manifestaciones para garantizar los derechos tanto de quienes ocupan los espacios públicos como de terceras personas.

Es decir, con la justificación de garantizar el derecho al libre tránsito, la autoridad tendría el camino libre para imponer normas sobre cómo deben ser las movilizaciones. Para organismos de derechos humanos a nivel nacional, este tipo de propuestas tratan de acotar el derecho a la protesta y a la libre manifestación, de criminalizar la protesta social y de legislar medidas para reprimirla.

La iniciativa del ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, realizada en coordinación con el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal), se llama “Ley que regula y coordina la actuación interinstitucional de las autoridades públicas del estado de Jalisco y sus municipios en eventos masivos”.


El titular de la CEDHJ afirma que en Jalisco es necesario que se regulen las actividades artísticas, deportivas, religiosas o manifestaciones sociales o políticas en la vía pública. “Se trata de prevenir cualquier tipo de eventualidad que ponga en riesgo la protección y garantía de los derechos humanos, como la libre manifestación de las ideas, la libertad de reunión y asociación, la libertad de tránsito, el derecho a la legalidad, al trato digno, el derecho a la integridad, a la vida, muchos derechos que están comprometidos en este tipo de eventos masivos”.

En Jalisco, la diputada panista Gabriela Andalón Becerra ya había propuesto en 2013 una ley en el mismo tenor. Ésta fue cuestionada porque planteaba la posibilidad de disolver las manifestaciones, marchas o plantones “cuando se afecten los bienes de dominio público”.

En el estudio “Control del Espacio Público”, presentado en abril de este año, 11 organizaciones concluyen que con el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha observado en México un proceso sistemático de violaciones al derecho a la protesta y contra la libertad de expresión, por lo que exigen al Poder Legislativo federal y de los Estados que no impulsen leyes que limiten la libertad de manifestación, a las comisiones de Derechos Humanos nacional y estatales que impugnen cualquier ley que limite este derecho, y ala los gobiernos que eviten el uso de la fuerza pública en contra de manifestaciones ciudadanas.

Lo paradigmático es que en nuestra entidad la CEDHJ es la que impulsa esta ley, la cual. Para el ombudsman, Álvarez Cibrián, no se trata de inhibir derechos, “al contrario, los derechos hay que fomentarlos, una ley en ese sentido no viene a rebasar nada de lo que ya está escrito; es decir, no es tema de discusión pues ya se contempla en la Constitución Política, como por ejemplo, en materia de seguridad pública, si en una concentración existe afectación de terceras personas, si cometen delitos, si se violan derechos humanos, debe generarse la intervención de las autoridades”.

La propuesta de ley se entregará al Poder Ejecutivo para que lo remita al Congreso del Estado.

En contra de criminalizar la protesta

Las organizaciones que realizaron el estudio “Control del Espacio Público” son Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Centro de Derechos Humanos Prodh, CAUSA, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Propuesta Cívica, SERAPAZ y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
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