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Marchas, a la banqueta

Con el concepto de “movilidad universal”, los diputados aprobaron una iniciativa de ley congelada desde 2013 y que, según sus opositores, con la consigna de armonizar el derecho de tránsito con el de la protesta social, lo que pretende en realidad es criminalizar y coartar las manifestaciones

 Por Julio Ríos
Gaceta UDG
 
En medio de la explosión de la creciente protesta pública y el hartazgo hacia los gobernantes, cuya gota que derramó el vaso fue la muerte y desaparición de jóvenes en Ayotzinapa, la clase política se fue por el camino fácil: prohibir las manifestaciones.

Los diputados optaron por modificar las leyes y traer en pleno siglo XXI los rasgos autoritarios de la época más dura del priismo, considera el académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Igor González Aguirre.


“Parece que la apuesta de los legisladores es el retorno de las maneras más viejas del PRI de los sesenta y los setenta. Me parece que están recurriendo a eso. A la presión, a los intentos de coerción, a la búsqueda de una mayor centralización para tener un mayor control, incluso sobre la opinión pública. No están midiendo con precisión el tamaño del desencanto que hay para con la clase política. Lo ocurrido en Ayotzinapa es un asunto más que se suma a la lista de agravios que históricamente tenemos como ciudadanía, y me parece que modificar la ley para criminalizar la protesta social es una lectura errónea”.

Con 292 votos a favor de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde, y la negativa de 100 legisladores de izquierda, el 2 de noviembre fue aprobado un dictamen con reformas a los artículos 11 y 73 de la constitución. Ahora tocará al Senado, y luego a los congresos locales, ratificar y adecuar leyes en el ámbito estatal. Con estas modificaciones legales se permite que cada entidad o incluso el gobierno federal, expidan leyes para garantizar la “movilidad universal”.

A decir de González Aguirre, esto es un eufemismo para prohibir la libre manifestación en las calles.

La iniciativa del diputado panista Marcos Aguilar estaba en la congeladora desde septiembre de 2013, pero fue “desempolvada” en coincidencia con la creciente ola de manifestaciones en todo el país para exigir la aparición con vida de 43 normalistas guerrerenses.

Según el dictamen, “el derecho de movilidad no está en pugna con el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho de reunión, la libre manifestación, la libre expresión y la protesta social”. Y como “quienes viven y transitan en las ciudades tienen el mismo derecho de utilizar el espacio público que el que tienen quienes ejercen el derecho a la libre expresión”, propone buscar “mecanismos alternativos para el disfrute de dicha garantía”.
A decir de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido del Trabajo (PT), esto es una trampa para regular las marchas con el fin de que sean en horarios específicos o en banquetas, con lo cual las manifestaciones ya no tendrían el mismo impacto.

La diputada petista Lilia Aguilar cuestionó que precisamente luego de la crisis mediática del gobierno federal, es cuando efectúan esas modificaciones jurídicas.

En varios estados ha habido intentonas para regular las marchas y discuten propuestas encaminadas a este fin en Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Distrito Federal y Jalisco.

En esta última entidad, la diputada panista Gabriela Andalón Becerra promueve una iniciativa que pretende que los manifestantes pidan permiso con 24 horas de anticipación y una persona firme como organizador, para que lo puedan señalar como responsable de cualquier trifulca o destrozo.

Las marchas sólo podrían ser realizadas de lunes a jueves, de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 y no podrán efectuarlas en zonas consideradas como patrimonio histórico y cultural, lo que podría considerarse una prohibición tácita de manifestar sus desacuerdos afuera del Palacio de Gobierno o del Congreso.

En Puebla fueron más allá, cuando en mayo pasado, el Congreso de aquella entidad aprobó lo que los medios bautizaron como “Ley bala”, es decir, el uso de armas de fuego por parte de elementos de seguridad en contra de manifestantes.

“Creo que estas reformas reflejan una pésima lectura de la realidad del país por parte de la clase política y en particular de los legisladores. No están midiendo con precisión el desencanto, el hartazgo que tiene la gente y esto puede ser contraproducente. O si quieres matizar el argumento, ocurre una doble lectura: los diputados están viendo una realidad, mientras que los ciudadanos perciben otra completamente distinta e incluso opuesta a la que está percibiendo la clase política”, agrega González Aguirre.

Desde que Peña Nieto asumió la presidencia, en la primera semana hubo 77 marchas en la Ciudad de México. En 2013, ocho mil, pero en 2014 la tragedia en Guerrero catapultó la protesta al conformar auténticos movimientos nacionales y apartidistas.

Esta efervescencia debería haber sido suficiente para sacudir a la clase política, pero no fue así, dice González Aguirre. Más bien los políticos sacaron las uñas ante lo que interpretan como una conspiración para desestabilizar al gobierno.

“Es un parteaguas importante. Es un evento que marca una ruptura e incluso las posibilidades que tenemos la ciudadanía para modificar el orden instituido. Y una de las formas han sido las manifestaciones públicas en la toma de las calles. La ciudadanía observa la ampliación y las posibilidades de la política. Pero de la política en serio, no de la grilla. La política como un asunto transformador, no como una forma de mantener el status quo. Y si intentan opacar ese asunto, coartar esa libertad, hay un riesgo altísimo, que no lo digo yo solamente. También Juan Villoro (durante su visita a la Feria Internacional del Libro): un riesgo altísimo de estallido social, lo cuál sería el peor de los escenarios”, advierte González Aguirre.

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