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El camino fácil del populismo pro auto

Felipe Reyes/más x más .- Es difícil detener la manera en que la rueda ha venido girando durante las últimas décadas. La gente tiene una marcada tendencia a pensar que la implementación de políticas que favorecen el uso de automóviles es positiva para ellos y suelen aplaudir masivamente a los políticos que las promueven. Eso hace que algunos políticos busquen incrementar su propia popularidad repitiendo hasta el cansancio, por ejemplo, que la gasolina debería ser más barata, argumento que debemos recordar que fue el eje central de la campaña federal de uno de los partidos pequeños.
 
No es difícil ganar cínicamente unos puntos positivos en la opinión pública encabezando la supuesta demanda ciudadana de que las plazas no cobren por los estacionamientos de autos. La gente quiere espacios y quiere espacios gratis, entonces algún diputado “pop” propone legislar para promover una mal entendida justicia que garantice gratuidad en los estacionamientos de centros comerciales.
¿En qué parte de nuestras constituciones o leyes se le atribuye al gobierno o al legislativo la obligación de otorgar espacios gratuitos a los autos? En ninguna. La obligación de los poderes legislativos es crear la reglamentación para garantizar los derechos de todos y las fórmulas para garantizar modelos de desarrollo que no colapsen en el tiempo y que permitan el ejercicio pleno y libre de los derechos de las personas.

Los centros comerciales masivos son atractores de viajes en todos los sentidos y generan un impacto masivo en sus alrededores, entre otras cosas, saturan las vialidades públicas en aras del negocio de particulares. De alguna manera, el capitalismo despiadado provoca que estas mismas empresas cobren para obtener alguna rentabilidad por los cajones ya que logran una sobre demanda que equilibra sus capacidades al desincentivar al cliente menos rentable.

Pero nada de esto debe importar al estado. La reglamentación debe estar orientada a cuidar lo que es de todos. El espacio público, las vialidades circundantes, el impacto que generan los centros comerciales a lo público. La masiva capacidad de los estacionamientos debe estar regulada, no se puede permitir que amplíen indiscriminadamente su número de cajones en zonas cuyas vialidades ni siquiera tienen capacidad para albergar el flujo del tránsito. Los cajones extras a los permitidos deberían generar cargas impositivas que los conviertan en impensables.

Se debe entender que el cobro en el estacionamiento es el único desincentivo para acudir a estos centros en automóvil -al contrario de lo que parecería, en perjuicio de los propios locatarios- y deben buscarse incrementos en la tarifa, estableciendo costos mínimos que el estado regule y cobre para reponer las afecciones viales alrededor y generar alternativas de movilidad sustentable.

No es justo que por el negocio de unos, todos acabemos siendo afectados. Y menos justo aún que algún diputado en búsqueda de popularidad pretenda estafar a la opinión pública con argumentos tan simples.

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