4.10.16

Ciudades que discriminan y segmentan

La falta de planeación urbana genera un desequilibrio entre vivienda social y de alto costo, al mismo tiempo de que no son promovidos el espacio público y alternativas de movilidad
Miguel Ramírez/ Gaceta UdG
En Guadalajara y la Ciudad de México las personas con menores ingresos viven en las periferias, y en traslado gastan hasta un 40 por ciento de su salario y les puede llevar hasta cuatro horas del día. Las políticas públicas fueron implementadas sólo para hacer vivienda, sin importar si los servicios básicos llegan a las personas que habitan esos espacios.

Daniel González Romero, coordinador del Seminario Internacional “El derecho a la ciudad. Contexto e imaginario de América Latina”, realizado en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), calificó de ineficiente el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (Potmet), de la ciudad de Guadalajara.
Señaló que el Potmet no incluye temas como vivienda social, movilidad para las personas que necesitan desplazarse grandes distancias a sus centros de trabajo o estudio y la integración de políticas públicas que fomenten la participación ciudadana. “Es necesario un plan eficiente de movilidad. No es una cuestión de divertimento de ciertos grupos pequeños que promueven el uso de la bicicleta o de adornar el centro de la ciudad con bicicletas turísticas, como hasta ahora se ha hecho”.

La discriminación urbana
Las políticas públicas en general no establecen equilibrio entre vivienda social y de alto costo. Se habla de “vivienda digna”, pero no sólo es construir cuartos y baño, sino espacio público, accesibilidad universal para las personas con discapacidad y movilidad eficiente para todos.
“Al generar fraccionamientos alejados de la ciudad para un solo sector de la población, generas mayor división social. Esto es discriminación urbana. La ciudad es toda y es un producto social, no un producto burocrático de planes y programas”, subrayó González Romero.
Puso como ejemplo la ciudad de Medellín (Colombia), donde a la par que construyen edificios de alto costo, edifican vivienda popular para lograr la equidad y no dividir o segmentar.
Las edificaciones verticales que realizan en nuestro medio son para la clase social alta. La vivienda digna debe ir acompañada de políticas que promuevan el espacio público: grandes áreas verdes o lugares donde las personas puedan convivir.
Aseveró que para la redacción del Potmet los gobernantes no tomaron en cuenta la opinión de la academia crítica de la ciudad. “No hay una visión a largo plazo en este plan y lo que se promueve es una contrariedad al derecho a la ciudad”, finalizó González Romero.
El urbanismo planteado en muchas ciudades latinoamericanas es discriminatorio, porque el uso de suelo de la ciudad lo seccionan en atención a las clases sociales.
Todas las propuestas que se discutieron durante el seminario serán planteadas en el Foro Internacional ONU-Hábitat III, que tendrá verificativo en Quito, Ecuador.
Los grandes edificios no son una solución, porque no generan comunidad, ya que nadie se conoce en estos lugares, no hay normativas sobre la construcción de estos altos condominios y en una zona sísmica, como lo es Guadalajara, “al no colocarse los vidrios adecuados, cuando tiemble y se rompan, caerán como guillotinas. Quién se va a responsabilizar por esto si no hay normativas. La aglomeración de edificios en zonas donde no se construyen nuevas rutas de comunicación, son las mismas calles, pero hay muchos más autos y mayor contaminación”.

Propuestas desde la academia 
Pedro Bernardo Ortiz Castaño, consultor de la ONU y profesor del Politécnico de Milán, señaló que venimos de sociedades donde el sector urbano era de 30 por ciento, y en el futuro puede llegar a 80 por ciento. “Estas cifras son inmensas. Las administraciones públicas no saben qué hacer”.
Es necesario realizar acciones en concreto para contrarrestar los efectos del urbanismo. En primer lugar, efectuar estudios para conocer las tasas de crecimiento reales de las ciudades. Después, diseñar un modelo de crecimiento sustentable y, por último, generar el suelo necesario para vivienda digna con servicios básicos.
“No hace falta dinero, hace falta inteligencia de los gobernantes para saber cómo hacerlo, y si no saben, que llamen a los expertos, que para eso estamos”, indicó Ortiz Castaño.

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