14.11.16

El pulpo camionero decidirá nueva tarifa


Tienen mayoría en el nuevo consejo de validación
A simple vista, pareciera que esta comisión estaría equilibrada, ya que sólo hay 11 personas que tendrían que formar parte del comité de validación, pero habría cinco ligadas al transporte público, entre líderes sindicales y representantes de permisionarios
Por Francisco Andalón López/pagina24Jalisco
Tras “demolerse” la comisión tarifaria para dar paso a una comité de validación de la tarifa del transporte público, queda en el aire qué pasará en caso de que no se valide el costo del camión, si se mantendrá o si tendría que hacerse un nuevo estudio o quién determinaría lo que sigue, por lo que podría negociarse un aumento a espaldas de la sociedad/Foto: Archivo Página 24
Tras “demolerse” la comisión tarifaria para dar paso a una comité de validación de la tarifa del transporte público, queda en el aire qué pasará en caso de que no se valide el costo del camión, si se mantendrá o si tendría que hacerse un nuevo estudio o quién determinaría lo que sigue, por lo que podría negociarse un aumento a espaldas de la sociedad/Foto: Archivo Pagina 24
El comité técnico de validación de tarifas, que sustituirá a la comisión tarifaria, dejó de tener un sesgo político, pero ahora tendrá una mayoría de transportistas, según lo aprobado por el Congreso del Estado.
A simple vista, pareciera que esta comisión estaría equilibrada, ya que sólo hay 11 personas que supuestamente tendrían que formar parte del comité de validación, con tres puntos de personas ligadas al transporte público, aunque en realidad serían cinco.

Se trata de un representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), un representante de los concesionarios, otro de los permisionarios y uno más de los subrogatarios, además de uno del sindicato de trabajadores en el autotransporte del estado (Palmac) de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), que les da mayoría.
Para contrarrestar esta situación, habría un representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), que tendría que consensuar con los empresarios el aumento o la defensa, un representante del Observatorio Ciudadano de Movilidad, un representante de la sociedad civil en materia de víctimas del transporte y un usuario del transporte, que en total suman cuatro.
En el caso del gobierno estatal, se pretende que esté presente el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), la Contraloría de Jalisco, el Instituto de Transparencia, un representante de las universidades, ya sea la pública o privadas, y el director del Instituto de Movilidad, que a su vez, en caso de empate, tendrá el voto decisivo para determinar si aumenta o no la tarifa.
Aunque se supone que no debería de haber una contra con respecto al estudio que realice el Instituto de Movilidad, puesto que será técnico, “que contemple un estudio social y económico del transporte, que sea la base para la discusión de la tarifa” y sólo se debe dar el aval de que dicho estudio esté bien realizado, ya sea para aumentar o disminuir la tarifa según los costos de los insumos.
Pero queda en el aire qué pasará en caso de que no se valide la tarifa, si se mantendrá o si tendría que hacerse un nuevo estudio o quién determinaría lo que sigue, puesto que en el dictamen no se prevé una situación de esta índole, por lo que podría darse la situación de que antes de que se presente, de nueva cuenta sea negociada la tarifa a espaldas de la sociedad.
Aunque el dictamen destaca que “de esta manera, los intereses de particulares no podrán afectar la determinación de la tarifa, lo que tiene repercusiones en la calidad de vida de millones de personas”.
Lo que se mantiene en la ley de movilidad es la facultad para que el gobernador en turno determine si la tarifa tiene que reducirse “cuando exista una causa de interés público, interés social o con motivo de calamidades públicas que afecten a grupos sociales, comunidades o regiones del estado de Jalisco”, según lo establece el artículo 154.
“Tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios, las circunstancias de interés general, la conveniencia de eficientar o acreditar el servicio de transporte público, el gobernador del estado, a propuesta de la secretaría y del instituto, podrá autorizar el establecimiento de tarifas especiales, promocionales o preferenciales, que se aplicarán de manera general abstracta e impersonal a sectores específicos de la población”.
Sindicato avala reforma
El Sindicato de Avanzada del Transporte Público, a través de un comunicado, mostró su beneplácito por la desaparición de la comisión de tarifas y que el aumento sea a través de un estudio que realice el Instituto de Movilidad, ya que ésta “sólo sirvió para detener el crecimiento del transporte público; fue populismo, es necesario que se actúe con mucha responsabilidad al respecto, otorgando la tarifa necesaria para que el servicio subsista y pensar en la situación económica de los usuarios”.
Por ello es que se pronuncia por que se analice el costo actual de 7 pesos por pasaje por considerar que la situación económica de los transportistas es grave, por lo que hizo un llamado para que se actúe con inteligencia para tomar la mejor decisión.

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