9.12.16

LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA




Felipe Reyes.- Los derechos no se votan. Usted no puede pedir una consulta popular -por más firmas que acumule- para que no se practique alguna religión en su colonia, para que los niños no vayan a la escuela, o para que se prohíban las gorditas y el atole.
Tampoco puede pedir una consulta popular directa para preguntar qué porcentaje de sus utilidades debe pagar de impuestos, la respuesta sería obvia y perjudicaría seriamente las finanzas gubernamentales. Vamos, usted no puede pedir una consulta popular para retirar el alumbrado público de alguna colonia, para talar indiscriminadamente el bosque de la primavera o para retirar las banquetas de su calle porque estorban al flujo de automóviles. Esas cosas simplemente no pueden estar sujetas a la voluntad popular ya que implican afectar los derechos de las personas.

Es el Estado -en nuestro país administrado por gobiernos elegidos mediante voto popular, que no es lo mismo que democrático- el que está obligado a defender los derechos de las personas, sin distinción.

Aquí cabría distinguir qué derechos son reales y protegidos por nuestras leyes y qué derechos son simplemente una idea popular inexistente.

Ninguna ley, reglamento o normativa, federal, estatal o municipal le da derecho a nadie a poseer, usar o circular en un automóvil; es un gusto y se garantiza la libertad de hacerlo sin afectar a otros, pero no es un derecho. De hecho la conducción de un automóvil, por la peligrosidad que representa, está legalmente restringida en prácticamente todo el mundo, a la obtención de una licencia que garantice que el individuo conoce las normativas viales, que cuenta con las condiciones físicas y que es responsable en el manejo del vehículo.
No es obligación de ningún gobierno ceder los espacios públicos para que circulen automóviles. No es obligación de ningún gobierno proveer de grandes avenidas, infraestructuras y costosísimos sistemas viales de semaforización para que puedan circular automóviles. Simplemente no es. Ninguna ley establece que sea así.
Tampoco es un derecho que los automovilistas dispongan de un espacio para estacionarse en la vía pública. Ningún gobierno está obligado por ninguna ley a otorgar espacios de estacionamiento a alguien, de hecho los gobiernos están obligados a proteger el espacio público, garantizar su accesibilidad y promover el acceso igualitario de la población. Es decir, el Estado está obligado a disminuir los espacios utilizados por automóviles para ponerlos a disposición de la gente. Por ley.
Los que sí son derechos de las personas son: a circular libremente, un peatón o un ciclista deberían poder llegar a cualquier parte y eso simplemente no sucede; a la accesibilidad, cualquier persona debería poder desplazarse de manera segura en la ciudad; a la ciudad y al disfrute del espacio público que por definición pertenece a todos. Vamos, tenemos derecho a respirar aire limpio como condición vital humana.
La manera en que hemos cedido espacio al uso de automóviles por décadas es exactamente contraria a lo que debería ser. Ahora, para corregir el rumbo, es fundamental que los gobiernos promuevan políticas públicas que transformen las infraestructuras de manera que permitan paulatinamente recuperar los derechos reales de las personas. Incluidas la edificación de vías ciclistas seguras, las mejoras al transporte colectivo, la recuperación del espacio público y de la vegetación urbana, e incluso y especialmente: las que restrinjan el uso de automóviles.
Es la defensa de los derechos de las personas lo que hace democrático al Estado y no las consultas populares electoreras y disparatadas que algunos especuladores de la ignorancia nos pretenden vender.

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