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Incertidumbre en la tarifa de transporte

Los cambios en el precio de la gasolina también repercutirían en el costo del transporte público de Jalisco. Transportistas piden que se incremente la tarifa a nueve pesos, aún cuando el Instituto de Movilidad no ha emitido un dictamen y la decisión del aumento corresponde al gobernador
 
 Reporteindigo.com
 
“Vamos a trabajar a 50 por ciento o menos porque no se están dando las condiciones para prestar el servicio, mucho menos luego de un aumento de casi tres pesos en el combustible”  
Arnoldo Licea González
Líder del Sindicato de Avanzada de Transporte Público
“El actual sistema de transporte público en el AMG tiene serias deficiencias, tales como la sobreposición de rutas y la saturación de las vías principales”
Conclusiones
Del Programa General de Transporte Público de Jalisco
La añeja demanda de incremento en la tarifa del transporte público en Jalisco ha revivido bajo el argumento de que los impactos de la liberalización del precio de la gasolina afectará los bolsillos de los concesionarios.

Guadalajara es la región donde se implementó el mayor precio aplicable al público en gasolinas (Magna 16.52 pesos y Premium 18.40) y diésel (17.24 pesos), mayor a otras ciudades importantes del país como Monterrey y la Ciudad de México, de acuerdo con datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía el 27 de diciembre pasado.

Incluso desde mediados del mes pasado el Sindicato de Avanzada de Transporte Público, liderado por Arnoldo Licea González, exige que el gobernador opte por una tarifa de emergencia.

No ha sido así, y los transportistas aún piden un incremento que pudiera concederse antes del 31 de diciembre, señalando además que la tarifa real para el transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) debería ser de 12 pesos.

Aunque la tarifa emergente que piden en realidad es de nueve pesos por viaje, un incremento de más de dos pesos respecto de la actual tarifa aprobada por la Comisión de Tarifas desde el 20 de diciembre de 2013, y que ha sido aplicada de forma escalonada de acuerdo al cambio en características específicas de las unidades de la ciudad.

Actualmente cerca de 85 rutas del transporte público cobran una tarifa de siete pesos por pasaje, pues han cumplido con el mínimo de requisitos exigidos por la Secretaría de Movilidad de Jalisco.

Atribución del mandatario

La decisión sobre el cambio en la tarifa ha quedado estrictamente ligada al gobernador, según modificaciones en la Ley de Movilidad que se publicaron el 17 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

Además de que esta reforma en la Ley de Movilidad ha llevado a la desaparición de la Comisión de Tarifas, organismo técnico que analizaba y determinaba el incremento de la tarifa del transporte.

Ahora será un recientemente creado Comité Técnico de Validación de la tarifa el que dé el visto bueno al dictamen técnico de las condiciones económicas de Jalisco para el cambio, y que será elaborado por el Instituto de Movilidad y Transporte, pero finalmente será el gobernador quien determine el incremento del precio del transporte público.

Sin embargo la Comisión Tarifaria, que sesionó el 23 de diciembre pasado, determinó que no se subiría la tarifa sin antes conocer los movimientos en los precios de la gasolina y en el cambio inflacionario, algunos puntos que determinan el precio del transporte.

“Vamos a trabajar a 50 por ciento o menos porque no se están dando las condiciones para prestar el servicio, mucho menos luego de un aumento de casi tres pesos en el combustible”, dijo Arnoldo Licea como reacción de los transportistas.

“Es un paro forzado que no estamos provocando nosotros, ya que hay rutas que con el aumento del combustible en ocasiones tendrán para echar el diésel y en ocasiones tendrían que reducir la cantidad gradualmente, entonces lo que hay que hacer es disminuir el número de unidades para medio seguir prestando el servicio”, argumentó Licea González.

Este paro afectaría a los más de 5 millones de viajes que representan el total de desplazamientos del Área Metropolitana de Guadalajara, según datos del Gobierno del estado en un reciente estudio elaborado para las bases del Programa General de Transporte Público de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el 5 de noviembre pasado.

El nuevo Comité Técnico de Validación espera reunirse para el 27 de enero y así determinar por fin si se aprueba un incremento tarifario.

En el Congreso Local, Movimiento Ciudadano ha dicho que no aceptará un cambio en la tarifa sin mejoras en el servicio, como lo ha expuesto en días recientes el diputado local Alejandro Hermosillo González.

En tanto que el Observatorio de Movilidad, en su mayoría ciudadano y académico, no ha dado un posicionamiento en este tema.

Incumplen obligaciones

El sistema de concesionarios ha incumplido con el grueso de las obligaciones contempladas en la normatividad vigente respecto a la mejora en la calidad del servicio, reconoce el Programa General de Transporte Público de Jalisco.

“El actual sistema de transporte público en el AMG tiene serias deficiencias, tales como la sobreposición de rutas y la saturación de las vías principales en ciertos puntos de la ciudad, la poca cobertura en las zonas habitacionales periféricas, las malas condiciones en las que se encuentran los vehículos del transporte colectivo, la poca certeza de la frecuencia de paso de los vehículos y el modelo hombre-camión que impide la modernización del servicio”, se lee en el Programa General.

Debido a que, aún con el incremento gradual, los transportistas han fallado en cumplir con todas las medidas. Para poder cobrar la tarifa de siete pesos, de acuerdo con el acuerdo que el gobernador publicó en marzo de 2014, se estable que los conductores deben haber recibido capacitación, aunque las bases para ello fueron apenas publicadas en el Programa General el 5 de noviembre.

Por otro lado deben cumplir con la acreditación de un convenio para que los choferes ganen un salario fijo y no cobren de acuerdo a los boletos vendidos, que los mismos utilicen uniforme y un gafete.

Además de que la unidad debe de contar con letreros electrónicos de información, sistema de localización con GPS, gobernador de velocidad o acelerómetro y tres cámaras de seguridad en la unidad. Aunque sólo en estos últimos requisitos materiales es en donde se han fijado las autoridades de movilidad para aprobar el incremento acordado de siete pesos.

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