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LAS BUENAS NOTICIAS


Felipe Reyes.- Pareciera que la furia popular desatada por el aumento del costo de la gasolina define, al menos en el ánimo popular, un 2017 difícil, lleno de regresiones, inflación y malas noticias. Pero especulemos con más optimismo: ¿Qué nos puede traer de bueno el incremento del precio del combustible?
Las personas usarán sus autos con más responsabilidad. Actualmente muchísimos automovilistas usan el carro para todo, incluidos trayectos ridículamente pequeños. Un costo más elevado de la gasolina en automático propicia que se evite el derroche innecesario y que se provoquen viajes que perfectamente se pueden hacer a pie o en bicicleta de manera eficiente y segura. Además reducirán sus viajes superfluos o se verán obligados a realizar una planeación de trayectos que reduzca los kilómetros que recorren. En los mejores casos, algunos automovilistas se organizarán para compartir el auto en trayectos habituales y poder compartir los gastos.
Un uso más responsable del automóvil derivaría en menos kilómetros recorridos en la ciudad por el parque vehicular y por lo tanto menos congestión, ruido y emisiones contaminantes. Las condiciones urbanas siempre se deterioran cuando la gasolina es barata y accesible; una gasolina cara propicia, indirectamente, ciudades más sanas.
Una gasolina cara también propicia la inversión y consolidación de una industria automotriz alternativa con vehículos movidos por otras fuentes de energía más sustentables y con sistemas de navegación más eficientes. Si bien falta mucho para que estas tecnologías puedan ser accesibles, la gasolina barata significaba un freno a su desarrollo.
Es altamente deseable que se incrementen los viajes a pie o en bicicleta y en muchísimos lugares del país, incluidas por supuesto las ciudades, es perfectamente posible que esto suceda. El incremento de actividad física en la vida diaria de las personas es un detonante de una mejor salud pública.
También es posible que se incrementen los viajes en transporte público y que esto derive en mayores exigencias de la ciudadanía relativas a la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad de las tarifas. El debate sobre el transporte público podría volver a retomar un papel central en las agendas públicas y todos los gobiernos del país estarán obligados a buscar fórmulas para mejorar el servicio.
La cancelación del subsidio indirecto a gasolinas que se ha ejercido por años liberará recursos que podrían estimular un desarrollo de los sistemas de transporte público en todo el país. Hay que decir que un subsidio nacional a los transportes públicos resultaría mucho más barato y generaría muchos más beneficios y condiciones de equidad a la población, que seguir subsidiando la gasolina que sólo beneficiaba a los sectores más ricos.
Otra preocupación que recaerá sobre los gobiernos es la presión inflacionaria. La transportación de productos podría también encontrar beneficios en forma de subsidios que permitan controlar los precios básicos para evitar una escalada de precios ante el ajuste gasolinero, pero sobre todo, los precios de la producción local se harán más competitivos al tener menos costo indirecto por transportación y favorecerán el desarrollo de empleos locales y cercanos al consumidor final.
Una menor distancia de recorrido de las mercancías también deriva en reducciones al impacto ambiental que producimos, disminuyendo las emisiones nacionales de efecto invernadero.
Quizá en el corto plazo muchas personas parecerán abrumadas por el impacto inmediato que el precio de la gasolina podría tener en sus bolsillos. Pero en el mediano plazo, una gasolina cara es mucho mejor para todos.

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