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Más allá de lo legaloide

Ante las acusaciones al IEPC, por parte de las organizaciones ciclistas, sobre la ilegalidad de promover una consulta ciudadana que pone en valoración los derechos de otros, la respuesta de las autoridades electorales ha sido una y otra vez que no es “vinculante” es decir, los gobiernos estatal y municipal no están obligados a hacer lo que resulte de la consulta. Por lo tanto no sería ilegal, sólo ilógica.
Todos, incluidos los consejeros electorales, coinciden directa o indirectamente en que lo que se votará es un derecho de terceros, en este caso el derecho de quien transita a bordo de una bici en la avenida Marcelino García Barragán, ya que la consulta consistirá solamente en una ridícula pregunta sobre la permanencia o no de los espacios –de apenas 2.40 metros adosados a las banquetas de la avenida– exclusivos para la circulación de bicicletas.
Lo que no dicen es que los gobiernos están efectivamente obligados a otorgar infraestructura que otorgue preferencia a la circulación de bicicletas sobre los automóviles por sus posiciones en la pirámide de la movilidad que indica la ley. Y no solo en Marcelino García Barragán, sino en todas las calles y avenidas de la ciudad. Si bien el espacio peatonal es lo primero que debe ser garantizado en el diseño de una calle, los otros modos de transporte no motorizado deben ser lo segundo.
De hecho, más allá de la demanda y de los intereses económicos en torno al uso de automóviles, la realidad es que ninguna ley obliga a ningún gobierno a otorgar accesibilidad en automóvil a los diferentes lugares de la ciudad, ni a otorgar espacios de estacionamiento, ni a gastar miles de millones de pesos año con año para resolver problemáticas del tráfico de automóviles. Ninguna.
Es decir que, incluso ante el vergonzoso escenario en el que en la consulta acaben perdiendo los argumentos razonables y se solicite retirar la ciclovía existente, los gobiernos, municipal o estatal, no podrían hacerlo exactamente por las mismas razones por las que si la consulta fuera vinculante sería ilegal.
¿O cómo? ¿La autoridad electoral no puede hacer una consulta que ordene algo contra derechos de terceros, pero después los gobiernos recibirán presiones para ir en contra de esos mismos derechos? Ilógico ¿no?
Entonces ¿Para qué hacer una consulta que no sirve de nada y que solo desperdicia recursos públicos? ¿En realidad creemos que estamos mejorando la calidad de nuestra democracia? ¿No es un desgaste innecesario de nuestras incipientes instituciones que en el mediano plazo podría fortalecer posiciones autoritarias?
Pregunto porque la misma herramienta podría utilizarse indiscriminadamente para la limitación de derechos de muchísimas personas, en decenas de escenarios. Incluso peligrosamente, tratándose de esta Guadalajara tan elegante para conservar los matices de racismos, elitismos, machismos y mojigatería que le dieron forma a su sociedad.
Como dato aparte, la ciclovía de Marcelino García Barragán pasó de tener aproximadamente 575 viajes en bicicleta al día, en junio pasado, a mil 670 viajes al día en abril, ya con infraestructura que protege a las bicicletas. Un 300% de incremento en viajes-bici.
Sólo para escalarse en qué significa esto, imaginemos el espacio que ocuparían mil 670 automóviles conducidos por una persona cada uno. Estacionados significarían más de 15 mil metros cuadrados de espacio, prácticamente una cuarta parte del total del espacio disponible en la avenida desde la Pila Seca hasta la bandera. Más allá de lo legaloide, pues.

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