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Una opinión de 1.7 millones de pesos

 por REPORTEANDO | Violeta Meléndez/ntrguadalajara.com

“¿Debe permanecer la ciclovía en el bulevar Marcelino García Barragán?”, es la pregunta que autorizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para ser sometida a votación popular el próximo 9 de julio en Guadalajara, donde van a poder votar niños, vecinos, turistas, y todo el que pase por la urna y se dé unos minutos para escoger el “sí debe” o “no debe”. No hay restricciones ni petición de credencial.
Esta consulta sería la primera que formalmente organiza el instituto bajo los nuevos lineamientos de participación ciudadana y es algo que entusiasma particularmente a algunos de sus consejeros, que se mostraron dispuestos a impulsarla con tal de estrenar esta figura y ejercer el presupuesto que tienen destinado para eso.
Pero no todos están de acuerdo ni consienten que por hacer la consulta pública se ponga en riesgo la permanencia o no de un tema que significa avances para la movilidad no motorizada de la ciudad, es decir, la ciclovía, y cuya ausencia por años no sólo ha disuadido a personas a utilizar la bicicleta, sino ha costado vidas humanas de quienes sí se han arriesgado.
Poniendo nombre y apellido, la consejera Sayani Mozka es quien critica una votación popular sobre la continuidad de una infraestructura que es derecho de los ciclistas, mientras que Mario Ramos ha sido la voz de quien defiende el ejercicio con la postura de que hacer una pregunta, pedir una simple opinión a la gente, no puede por sí solo violar el derecho de alguien.
El debate es interesante y oportuno, pero el hecho de que el IEPC ya haya autorizado que sí se concrete la consulta podría traer más perjuicios que beneficios. El primero de ellos, y que es uno de los argumentos de Ramos para defender la votación, es que el resultado no será vinculante, es decir, que no tendrá ningún efecto, no cambiará nada. Sólo es para conocer lo que piensa la gente.
Siendo una ciclovía que tuvo una fuerte oposición por parte de quienes todavía piensan que la ciudad es para los automóviles y la bici para pueblos sin progreso, ¿no se corre el riesgo de que los detractores a la vía ya construida sientan legitimada su oposición si la respuesta que gana es la negativa?
Sin duda una posibilidad es que tomen como bandera el resultado para espetárselo a Alfaro y a quien sea necesario con tal de que la quiten. Aunque la vía signifique una opción asequible de movilidad para los estudiantes del CUCEI, de la Vocacional y de otros destinos de la zona.
Ante este escenario, la consejera Mozka planteó a sus compañeros que si se aprobaba la consulta, más adelante habrá quien pida someter a votación pública el derecho de los homosexuales a casarse o el de las mujeres a votar. ¿Se vale hacer esas preguntas como mera opinión? La línea del respeto a los derechos humanos de terceros se empieza a borrar.
Otro perjuicio es el del erario. Ahí se va a gastar un millón 727 mil 429 pesos para contratar a capacitadores electorales e instalar pancartas en los 81 puntos de votación. ¿Vale la pena gastarse casi 2 millones de pesos en una pregunta que no será tomada para ninguna decisión, pero podría sólo arreciar la confrontación sobre un derecho ya ganado?
Ya veremos si después de la consulta se fortalece la participación ciudadana, o termina siendo un gasto ocioso.

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