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Consulta popular sobre ciclovía no puede ser detenida ni por amparos

  • Víctor Manuel Ramírez Álvarez
  •  
A un año de que se publicó la reforma a la Ley de Participación Ciudadana el Instituto Electoral está a la puerta de una consulta popular en medio de los vaivenes de los que se oponen a la ciclo vía de Marcelino García Barragán y los que están a favor, este ejercicio se realizará el próximo 9 de julio debido a que no se puede suspender ni con un amparo porque la ley impide recurrir a estos instrumentos de protección jurídica.
Francisco Fernández, coordinador de Proyectos de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral, señaló que la consulta popular sobre la ciclovía se realizará y no hay instrumento legal que la pueda detener, incluso no operarían los amparos que pudieran interponer los que están a favor de la infraestructura ciclista.
Según lo dispuesto por el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, “el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de organismos y autoridades en materia electoral”.
Es decir para la procedencia del amparo se requiere necesariamente que “la litis verse sobre violación a garantías individuales”, y no solamente respecto de transgresión a derechos políticos, los cuales no son reparables mediante el juicio de garantías”.
Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indican que “no constituye un acto de autoridad que pueda ser impugnado a través de la vía de amparo, ya que promover la instancia constitucional en contra de un acto de tal naturaleza, actualizaría la causal establecida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral”.
De esta forma, la consulta deberá de realizarse tal como está programada y lo más apegada posible a un ejercicio de votación constitucional en donde deberá haber funcionarios de mesa de casilla, urnas, boletas, resultados oficiales, observadores, entre otras acciones, esto independientemente de que las autoridades acepten o no la resolución final.
Esta consulta surge a partir de un grupo de ciudadanos que se sienten afectados por la construcción de esta infraestructura para la movilidad no motorizada precisamente en una de las principales vías de desplazamiento de la ciudad.
“El grupo que no quiere la permanencia de la ciclo vía han dicho que no están en contra de la ciclo vía, ni de ese modelo de desplazamiento, ni de los derechos humanos de nadie”, sino que piden una explicación de por qué no se hizo en otras calles alternas, por lo que el Gobierno del Estado (que es quien la construye) deberá de emitir una resolución que aborde todos esos aspectos ya sea para aceptar el cambio o negarse a hacerlo ya que la ruta ciclista ya está construida.
Una vez conocidos los resultados definitivos y la resolución del Instituto Electoral, los involucrados en esta consulta podrán recurrir a los medios de impugnación, en primera instancia al recursos de revisión, en segunda instancia a la apelación y como último recursos al Tribunal Electoral.
Finalmente explicó que el Gobierno deberá de dar una respuesta oficial si se niega a aceptar los resultados de la consulta y enviarla al IEPC ya que la ley no marca que debe notificarse a los involucrados pero con sólo publicarlo en su órgano oficial de difusión cómo puede ser el Periódico Oficial del Estado de Jalisco ya cumple con el principio de difusión y si lo hace directamente a los impulsores se da la máxima publicidad.

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