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La batalla por las ciclovías



La infraestructura construida en un bulevar de Guadalajara se someterá a consulta en julio, mientras chocan por sus derechos los afectados por las obras y los defensores de este medio de movilidad
4
Por ciento del Fondo Metropolitano se aplica a nivel nacional a la movilidad no motorizada
70
Por ciento del Fondo que recibe Jalisco se invierte en este tipo de movilidad para la AMG
La consulta popular que realizará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) en semanas próximas, sobre la permanencia o no de la infraestructura ciclista en una vía de Guadalajara, sentará un precedente relevante que podría amainar el impulso de la movilidad no motorizada en la ciudad.
Si bien los resultados de la consulta no son vinculantes para las autoridades, y por lo tanto, no hay obligación de acatarlos, de ser negativos para las ciclovías y sus usuarios traerían un panorama desfavorable para el desarrollo de estas obras, en un escenario presupuestal de por sí difícil para el estado.
El ejercicio de democracia directa que desplegará el IEPC se refiere exclusivamente a la ciclovía que comenzó a habilitar el Gobierno de Jalisco en el bulevar del oriente de la ciudad, Marcelino García Barragán, y que tuvo que ser detenida a fines de 2016 por las manifestaciones en su contra de los vecinos de la zona.
La aprobación de la consulta por el IEPC, tras la solicitud que presentaron los vecinos apoyados por la diputada Claudia Delgadillo González, abrió un escenario de colisión de derechos: los de aquellos que se afirman perjudicados por estas obras, y los de los usuarios ciclistas que defienden los suyos a la movilidad y la calidad de vida.
Apenas el 13 de junio pasado más de 50 organizaciones ciudadanas coaligadas en el Consejo Ciudadano de Movilidad no Motorizada de Guadalajara urgieron al gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, a tomar tres vías de acción:
Primero, que “se dé continuidad y ejerza la totalidad del presupuesto asignado al Programa Metropolitano de Vías Ciclistas (Provici); segundo, que “se reanude y concluya a la brevedad  la construcción de la ciclovía en el Boulevard Marcelino García Barragán, así como las demás cuya construcción se encuentre detenida”.
Y tercero, que “se continúe y no se desista en la implementación de la movilidad no motorizada en el estado”.
Las posturas
La convocatoria que se emitió para efectuar la consulta el 9 de julio recoge las dos interpretaciones encontradas que existen sobre el desarrollo de las ciclovías en Guadalajara.
A favor de las ciclovías, y en particular la del bulevar citado, se presentaron ante el IEPC argumentos como estos:
“Debemos exigir al gobierno condiciones óptimas para la movilidad de todas las personas; esta ciclovía es el triunfo de una larga lucha ciudadana; estamos cambiando el rumbo de la movilidad en esta ciudad; se está beneficiando a más de 30 mil estudiantes; es una punta de lanza para la movilidad sustentable”.
Mientras el lado contrario, aquellos que perciben un perjuicio en la infraestructura ciclista, presentaron estos argumentos:
“La ciclovía viola el Reglamento de Imagen Urbana de Guadalajara, además, el libre tránsito implica que no debe haber exclusividad para nadie, según la Constitución; no se consultó ni se socializó con los vecinos que ahora son los afectados; la mala planeación de la ciclovía pone en peligro a sus usuarios, a personas con alguna discapacidad, adultos mayores y peatones, sobre todo, en las paradas de camión”.
La consulta costará 1.7 millones de pesos y se desarrollará en 12 colonias, aunque “cualquier habitante podrá emitir su opinión el día de la Jornada”, dijo el IEPC. 
En conflicto
Jalisco no tiene buenos antecedentes en la solución de este tipo de escenarios de colisión de derechos.
El caso por excelencia es la presa El Zapotillo, detenida con acciones legales, y donde está implicado, por un lado, la reubicación de las poblaciones de tres pueblos a inundar: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y por otro, el abasto de agua de Guadalajara, Los Altos y León.
Las mismas organizaciones destacan la crispación alrededor de las ciclovías:
“La sociedad se ha dividido entre aquellos que favorecen y usan en exceso los vehículos motorizados y de los que estamos conscientes del mal causado al medio ambiente a través de los años por el uso desmedido de los recursos naturales, de la mala planeación urbana, y de la falta de políticas públicas que encausen a buen fin la movilidad sustentable”.
Diferentes posturas
A favor
“Debemos exigir al gobierno condiciones óptimas para la movilidad de todas las personas (…) se está beneficiando a más de 30 mil estudiantes”
En contra
“La ciclovía viola el Reglamento de Imagen Urbana de Guadalajara, además, el libre tránsito implica que no debe haber exclusividad para nadie”
La inversión
El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es la segunda ciudad en inversión a nivel nacional en movilidad no motorizada mediante el sistema de bici pública MiBici.
Lo anterior se desprende de las declaraciones de Servando Sepúlveda Enríquez, secretario estatal de Movilidad, ante el Congreso local en febrero pasado.
En octubre de 2016, la secretaria federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, dijo que Jalisco destaca por su inversión en este tipo de movilidad, pues mientras a nivel nacional se le dirige cerca del 4 por ciento del Fondo Metropolitano, en la AMG supera el 70 por ciento.
Sin embargo, las organizaciones del Consejo que se dirigieron al gobernador, le cuestionaron: “En la Secretaría de infraestructura y Obra Pública de su gobierno han llegado al punto de suspender obras y quitar el presupuesto asignado a políticas sustentables y prósperas como es el caso del Provici, del cual sólo se han ejecutado 16 de los 49 MDP asignados a éste, a causa de la manifestaciones vecinales en las zonas”.
Según el importe programado en el presupuesto de este año, el programa MiBici recibió 20 MDP, un monto igual al que se etiquetó en el pasado año fiscal.

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