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Ciclovías: imaginario social y democracia

Tapatío | Enrique Toussaint Orendain/El Informador
Este domingo, en la consulta sobre el proyecto ciclista para Marcelino García Barragán, está en juego más que un proyecto de infraestructura
El espacio público, como cualquier ámbito, es espejo de la disputa política. EL INFORMADOR / J. López


La deliberación pública que desencadenó la consulta es rescatable y fortalece nuestra incipiente democracia
Este domingo, en la consulta sobre el proyecto ciclista para Marcelino García Barragán, está en juego más que un proyecto de infraestructura

GUADALAJARA, JALISCO (09/JUL/2017).- Qué decisiones se deben consultar y cuáles no se deben poner a consideración de los ciudadanos, es un debate vivo en la Ciencia Política. Para algunos, el límite son los derechos humanos. Para otros, las ingresos y gastos del Estado. Y hay otros que consideran que las consultas no deben implicar una posible reducción de derechos, sean fundamentales o no. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha zanjado el problema declarando inconstitucional cualquier consulta, plebiscito o referéndum que se propone, sea sobre el salario mínimo, los plurinominales o la reforma energética. Los límites entre lo que es consultable y lo que no, son siempre difusos, escurridizos.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) decidió aprobar una consulta pública sobre la permanencia o no de la ciclovía que recorre la avenida Marcelino García Barragán. La decisión del Consejo General del IEPC desató toda clase de polémica. ¿Consultar sobre la infraestructura que garantiza el derecho al tránsito o a la movilidad segura de los ciclistas pone a juicio de las mayorías los derechos que han logrado conquistar los ciclistas en nuestra ciudad, una minoría? ¿Está el IEPC violando con su decisión protecciones fundamentales a la comunidad como el derecho a un medio ambiente sano? ¿Tiene sentido que en nuestra ciudad se pregunte por la permanencia de las ciclovías? ¿Es posible garantizar derechos sin acompañarlos con la infraestructura necesaria?

Mi opinión es que el IEPC, con una interpretación sumamente legalista de lo que marca la Ley de Participación Social, abrió un resquicio que amenaza con poner en tela de juicio derechos de minorías que han sido ganados a través de décadas de protestas y reformas. Es decir, las consultas deben servir para ampliar derechos no para cercenarlos y la democracia tiene que descifrar las fórmulas para que coexistan dichos derechos -los del automovilista y los de los ciclistas-. La decisión es sumamente discutible, pero el fondo del problema está en otro lado.

Aunque los consejeros hubieran rechazado la solicitud de consulta, es innegable que la prohibición no desaparece el problema de fondo. El espacio público, como cualquier ámbito, es espejo de la disputa política. Un enfrentamiento político que ha entronizado al auto como el monarca incontestable del espacio público. El espacio urbano pertenece al coche, hacer ciclovías o amplias las banquetas representa un atentado contra ese imaginario colectivo. Redefinir los espacios de tránsito significa trastocar los equilibrios de poder urbano que hoy en día favorecen marcadamente al automóvil.

Y esta supremacía del auto no llegó por generación espontánea. Su hegemonía es fruto de una construcción política que nos explica mucho sobre nuestra sociedad, sus valores y su autoidentificación. El coche es, junto a la tarjeta de crédito, la pequeña propiedad o la escuela privada, el símbolo más identificable del discurso político que le dio sentido a las clases medias en México. El relato siempre fue atractivo como motor de ascenso social: el auto, la casa en los suburbios y la colegiatura de alguna universidad privada. Eso es la clase media. No extraña que de acuerdo con los datos de Jalisco Cómo Vamos, dos de cada tres tapatíos se consideren clasemedieros. Y los gobiernos alimentaron esa idea con alegre voluntad: pasos a desnivel, vías rápidas, estacionamientos baratos, créditos de vivienda pre aprobados en Tlajomulco, Zapopan o Tonalá. La clase media mexicana es la que logra escapar de lo público, las colas en el IMSS, el examen de ingreso a la UdeG o tomar dos camiones todos los días.

Las ciclovías enfrentan dicho imaginario que es a la vez social y político. La política es la disputa por el sentido común de los ciudadanos. Ese sentido común que permea nuestra identidad y nos permite ver ciertas ideas como realizables y deseables, y otras como descabelladas o francas tonterías. Entendemos que el auto logró imponer su relato y un “sentido común” cotidiano, cuando trepados en él nos quejamos del cambio climático como un problema que sólo puede resolver un científico de la NASA o cuando pensamos que ese pequeño espacio junto a la banqueta llamado ciclovía, es el origen del tráfico en algunas avenidas de nuestra urbe. El problema del tráfico es el auto, punto final.

La consulta es una consecuencia de dicha disputa política por el espacio público. No es casualidad que las primeras dos consultas aprobadas por el IEPC sean sobre ciclovías. La construcción de ciclovías en la Zona Metropolitana se ha encontrado con toda clase de resistencias. Ciudades de todo el mundo han pasado por el mismo problema cuando comenzaron a habilitar infraestructura para ciclistas que fueron disminuyendo espacios para los automóviles.

Más allá del resultado de este domingo, que si es en contra de la ciclovía no tendrá respuesta favorable del gobernador que ya dijo que las ciclovías no se retirarán, la deliberación pública que desencadenó la consulta es rescatable y fortalece nuestra incipiente democracia. Hubo discusión pública, argumentos a favor y en contra, información, debates. Los instrumentos deben madurar y no significar afrentas a derechos ganados por grupos vulnerables, pero eso no borra el hecho de que un problema social pueda ser resuelto, votando y con garantías democráticas. Ante la crisis de representación, necesitamos más democracia y de mejor calidad para contrarrestar pulsiones autoritarias que germinan en ambientes de crisis.

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