28.11.17

Reformas que dan entrada a la “ley de ciudades”, con la que buscan frenar la voracidad de constructores

Foto: Twitter/ @LegislativoJal

Reformas que dan entrada a la “ley de ciudades”, con la que buscan frenar la voracidad de constructores

Rosario Bareño Domínguez/El Occidental

La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos aprobó modificar el Código Urbano y la Ley de Coordinación Metropolitana, a fin de armonizarlas con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que se denomina “ley de ciudades” en que se establece el “derecho de ciudad”.


Se aprobaron estas reformas, con las que se busca frenar la voracidad de las inmobiliarias: quien construya en zonas de riesgo o áreas verdes o áreas naturales protegidas se sancionará como ya lo establece el Código Penal con dos a cuatro años de prisión y una multa de 75 mil 490 a 226 mil 470 pesos.

También incluye, informó la diputada Rocío Corona Nakamura, presidente de la Comisión de Puntos que los Planes Parciales de Desarrollo no podrán realizarse ni ser aprobados sin la existencia de un atlas de riesgo que detalle con precisión dónde se pueden construir viviendas sin riesgos para los ciudadanos.

Para detener la voracidad de las inmobiliarias, se deberá realizar un Programa de Reordenamiento Ecológico, previo a la realización de Planes Parciales de Desarrollo Urbano para salvaguardar y proteger las áreas naturales y el medio ambiente.

Los constructores que edifiquen en zonas de riesgo, áreas verdes o áreas naturales protegidas, o levante torres fuera de la norma, se sancionará de acuerdo a lo que establece el Código Penal para este delito, con una condena de dos a cuatro años de cárcel y una multa que oscilará de 75 mil 490 pesos hasta 226 mil 470 pesos.

Lo que se pretende con estas reformas es contar con una legislación en materia urbanística que garanticen desarrollos planificados.

“En esta ‘ley de ciudades’, como se le denomina, el ciudadano será el eje central de cualquier acción urbanística. Surge el concepto del ‘derecho a la ciudad’ y el rescate a los espacios públicos va en serio”, añadió.
Con estas normas se regularan medidas para la resiliencia de las ciudades, optimizar la infraestructura de los servicios públicos ya existentes y redensificar Guadalajara; así como disminuir los tiempos de traslado a través de un transporte eficiente, priorizar la movilidad peatonal no motorizada y contar con redes comunicantes eficientes.

La Junta de Coordinación Metropolitana estará representada por el Gobernador, los presidentes municipales y el Gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

A fin de contar con un procurador de Desarrollo Urbano ético y sin conflicto de intereses, el Congreso del Estado será el encargado de su designación, previa lista de aspirantes que proponga el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; tomando en cuenta la opinión del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.

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