Jalisco, en la cresta de las muertes viales

El Occidental

Una investigación periodística de Rubén Pacheco (Pulso de San Luis Potosí), Rubén Migueles (El Universal) y Rubí Bobadilla (El Informador) evidencia que no todos los accidentes viales tienen consecuencias fatales cuando las políticas públicas se afinan con ese propósito.

Lamentablemente Jalisco resultó ser el estado con mayor número de fallecimientos en el 2017 según dieron a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Salud con 345 muertos, por encima de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y hasta el noveno lugar la Ciudad de México. No obstante que la Ciudad de México registra el mayor número de accidentes de tránsito, el número de víctimas disminuyó mientras que la ciudad de Guadalajara ocupa el primer lugar con un tercio del total de los accidentes viales ocurridos en el estado de Jalisco en ese mismo año y seguido por el municipio de Zapopan.

El estudio publicado en los medios de comunicación participantes a principios de Diciembre demuestra que un tercio de estas muertes en accidentes viales en el país se concentra en 35 municipios de 19 entidades, lo cual arroja una obligada evaluación de las políticas públicas en materia de prevención de accidentes viales, donde los más vulnerables son siempre los peatones y ciclistas, aunque en el AMG también repuntan las muertes a bordo de motocicletas.
Sin duda para un analista urbano, uno de los factores que debe recibir el apoyo de los órganos legislativos, tanto federal como estatal, es la regulación de vehículos automotores de carga pesada que, si bien no figuran como la principal causa estadística de estos accidentes, son una variable determinante del caos vial que sí se encuentra vinculado como una causal de los accidentes en el Área Metropolitana.

Por lo pronto el presidente municipal de Tlajomulco ha puesto el dedo en ese renglón pendiente de resolver al exigir desde el derecho constitucional que le asiste, que el Congreso del Estado agregue, en la ley respectiva, la prohibición del ingreso de los miles de traileres, incluidos los peligrosos de doble remolque, al Área Metropolitana a partir de su paso por este caótico territorio de Tlajomulco.

Sin embargo, a esa petición no solo se deben sumar los diputados sino todos los municipios de Jalisco y sus autoridades a quienes debería avergonzar el formar parte penosa de esta estadística pudiéndose resolver con la ley obligatoria, desde su función pública; para invertir en una reconversión de autoprotección vial y reforzar la deficiente señalización y falta de instrumentos de prevención como semáforos, puentes peatonales, balizamiento y señalización horizontal sin dejar de mencionar la urgente necesidad de reconstruir o edificar las banquetas o pasos peatonales a lo largo de decenas de kilómetros en los barrios marginales del Área Metropolitana, principalmente en Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco.

Probablemente ante la carencia de los recursos financieros suficientes para hacer notable un avance, se deba pensar desde la función institucional, una avanzada emergente desde las universidades, dependencias gubernamentales y el sector productivo a través de sus millones de trabajadores para promover y lograr arraigar una nueva cultura vial y una actitud social de autoprotección.


Académico del CUAAD. Universidad de Guadalajara
carlosm_orozco@hotmail.com

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